En efecto, la señora Mónica Lanzetta Mutis, en su calidad de viceministra de Relaciones Exteriores encargada de las funciones del despacho de la ministra, escribió una carta al señor Hamidon Ali, presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en la que le informa que el gobierno colombiano decidió retirar la nota original.

Bien por el gobierno colombiano, bien por el presidente Santos, quien debió recordar su actuación en la mañana del día de la posesión presidencial, cuando se reunió con los más importantes mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y también debió recordar su conversación con Evo Morales, en la que apoyó su exigencia ante Naciones Unidas.

Es desde luego una buena noticia, que significa que, por ahora, el presidente es consecuente con sus palabras, y que probablemente toma decisiones que sin duda deben molestar a las autoridades de Estados Unidos y sus aliados en las políticas prohibicionistas.

Ojalá el ejemplo colombiano sea seguido por algunos mandatarios latinoamericanos y así muestren la requerida solidaridad con los pueblo boliviano y peruano y los colombianos que utilizan la hoja como parte de su cultura ancestral. Es necesario recordar que la hoja de coca, además de su valor cultural, es enteramente diferente de la cocaína que resulta del proceso químico de transformación. Que la hoja tiene muchos más alcaloides de los que se utilizan en el consumo recreativo de ejecutivos que intentan incrementar su rendimiento inhalando un producto que supuestamente es altamente nocivo.

Ojalá también que si la posición boliviana triunfa sea posible que la enorme cantidad de productos de la hoja de coca que no resultan nocivos se pueda generalizar.

De hecho, más de un científico ha mostrado que a partir de la hoja es posible producir bebidas carbonatadas, pasta de dientes, infusiones, gomas de mascar y otros bienes que significan un uso inocente y no lesivo de la hoja.

Y ojalá que entonces el Invima retire la absurda medida que tomó cuando repudió una bebida refrescante producida por una comunidad indígena del Cauca. Con el argumento de que se trata de algo prohibido, negó la autorización para su producción. Resultó pues que el Invima fue más papista que el papa, y así privó a una comunidad de una posibilidad de obtener ingresos legales.

Es de esperar que a partir de esta decisión el gobierno colombiano estimule la investigación sobre usos alternativos de la hoja de coca, y así sea posible desarrollar una industria autóctona que beneficie a las comunidades indígenas.

Y si el gobierno colombiano es consecuente con esta decisión, es de esperar que en las futuras reuniones de Naciones Unidas se aparte de las posiciones radicales prohibicionistas y al menos decida considerar las recomendaciones de la comisión de expresidentes latinoamericanos (Gaviria, Cardoso y Zedillo) que se han pronunciado a favor de un cambio en el paradigma de la política prohibicionista y han sugerido una nueva estrategia.

Ahora bien, al reconocer el gesto del presidente Santos, hay que decir que esto no es suficiente como para volverse santista.

Fuente elespectador.com