ALONSO OJEDA AWAD.
Guardo en mi memoria una imagen de respeto por la Honorable Corte Suprema de Justicia, desde los tiempos remotos en que por una colisión de competencia entre los tribunales de justicia militar y la justicia civil, el emblemático maestro Eduardo Umaña Luna, se dirigió a ella en un histórico memorial, donde reclamaba: ¿Por qué los acusados civiles del delito de rebelión son juzgados por los militares?, y recuerdo que comenzaba diciendo: “Excelencias. Me dirijo a ustedes con el respeto de usanza”, y cuando la Corte le respondió en forma positiva su alegato, exclamó con satisfacción “La sal no se ha corrompido”.
Esta misma sensación me ha invadido cuarenta años después, al leer el juicioso reportaje que el honorable Magistrado y hoy Presidente de la alta corporación José Leónidas Bustos, concedió al periodista Yamid Amat en un especial para El Tiempo del día domingo 8 de febrero de 2.015, Con el clarividente título de “La justicia alternativa no es impunidad”. Al ir leyéndolo he sentido que se está frente a las palabras de un hombre que conoce la dolorosa tragedia nacional de la violencia sistemática que hemos padecido y que es necesario superar de una vez por todas. Frente a la pregunta “¿La Corte Suprema está de acuerdo en que haya fórmulas alternativas a la prisión, para penalizar a los dirigentes de las Farc, si hay un acuerdo de Paz? Responde: No podemos perder de vista que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra exigen un tratamiento especial, y el Estado tiene la obligación de investigarlos y aclararlos. Sin embargo, debemos buscar fórmulas jurídicas que concilien esos deberes a la luz del derecho Internacional con los intereses del país de aplicar mecanismos de justicia que permitan dar el gran paso de la guerra a la Paz”.
Del mismo modo el periodista le pregunta: ¿Está de acuerdo con que haya una justicia alternativa? Es categórico al responder: “Por supuesto que sí; creo que hay que recurrir a una justicia de carácter transicional. Inexorablemente no tiene que imponerse una pena privativa de la libertad; habría que mirar en cuales casos procede, en cuales no, y en qué caso se puede sustituir. Lo más importante es la Paz. El derecho no puede ser un obstáculo para la Paz, ni para el cambio social. Existen soluciones compatibles entre la justicia y la Paz”. Esta es la claridad taxativa que requiere la sociedad para no enredarse en discusiones bizantinas, inútiles y peligrosas. Entiende que la razón suprema de todo el ordenamiento jurídico es la Paz y para concordarlo con el articulado de la Constitución Nacional que considera la Paz como un deber y un derecho de estricto cumplimiento, expresa: “lo más importante es la Paz” como lo acabamos de anotar.
Ante posiciones confusas o de franco sabor guerrerista expresadas por algún ex presidente o entidad colombiana, la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia, con su lámpara de Diógenes mostrando el camino manifiesta: “ninguna institución jurídica puede ser obstáculo ni camisa de fuerza para impedir la construcción de la Paz y, con ella una sociedad más igualitaria, más incluyente. El derecho debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del derecho. La Constitución señala en su preámbulo: Una de las finalidades del Estado colombiano es la búsqueda y consolidación de la Paz. Su artículo segundo ordena que todas las autoridades públicas están instituidas para hacer efectivos los valores, principios y deberes fundamentales, además, su artículo 22 categóricamente dispone que la Paz es un derecho y es un deber, a estos valores y principios constitucionales acudo para pregonar que nuestro ordenamiento jurídico privilegia la Paz”.
Producen mucha tranquilidad los conceptos jurídicos de compromiso con la Paz y la construcción de un nuevo proyecto de nación ético, incluyente y solidario expresado por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Desde las facultades de derecho, donde con toda seguridad enseñan esta esencia fundamental de la Constitución Colombiana, debe salir para irradiarse a lo largo y ancho del territorio nacional, las nuevas y esperanzadoras huestes de juristas que ayuden a interpretar correctamente el espíritu de Paz que tiene en su interior nuestra constitucionalidad, para contrarrestar tanta interpretación sesgada y acomodaticia a intereses exclusivamente personales, como se ha venido haciendo. Los falsos intérpretes de nuestra Constitución Política deberán volver a las aulas universitarias para que con la clarividencia de la Corte Suprema de Justicia, entiendan el profundo sentido humanista y social de Carta Magna colombiana.
Una Corte Suprema de Justicia con la formación constitucional, jurídica y social que expresa su Presidente, es signo de que “La sal no se ha corrompido”. Es confianza y esperanza para las presentes y futuras generaciones, ansiosas de ver transformado en una realidad la firma de los acuerdos que ponen fin a la presencia de las armas en la lucha política, tanto en sectores de izquierda, como de derecha, y así dé paso solo al accionar civilista y democrático de los nuevos procesos de organización social y política, que nos conduzca a un verdadero Estado Social de derecho y de Justicia. Desde esta perspectiva: ¡La Corte Suprema de Justicia, una Esperanza!
Ex. Embajador de Colombia en Europa.
Febrero 23 de 2.015
