Noviembre 8 de 2017, Aguachica. Como muchas de las actividades delicitivas se están gestando desde las cárceles, la Fiscalía le pidió al Congreso que expida una legislación que impida las comunicaciones de voz y de texto desde los sitios de reclusión.
Mientras ésto pasa para evitar la extorsión carcelaria y otras modalidades delincuenciales, desde la Fiscalía han convocado a los operadores de telefonía celular para que mediante un mecanismo de autorregulación, toda llamada que provenga de un centro carcelario esté precedida de una notificación en el sentido de que el receptor conozca que la comunicación viene de una penitenciaría y decida si acepta o no la misma.
En Aguachica este tipo de llamadas carcelarias se incrementan para los meses de enero – mayo – abril – agosto – septiembre – octubre y Noviembre.
El modus operandi de estos delincuentes es el de obtener los números telefónicos de las residencias, establecimientos de comercio o fincas que figuren en las páginas de directorios telefónicos, se identifican como miembros de la banda criminal de Los Rastrojos, Urabeños, Clan Usuga o Paisas, manifestando ser un grupo de limpieza social que se encuentra en la zona, utilizando artimañas para intimidar a sus víctimas exigiéndoles sumas de dinero que van desde los 100 mil pesos hasta los 10 millones y de no acceder a sus peticiones, amenazan con hacerle daño a la persona que contesta la llamada o a su núcleo familiar”, informó el comando de Policía Cesar.
Para evitar las conocidas extorsiones carcelarias las autoridades hacen las siguientes recomendaciones:
Absténgase de revelar aspectos de su vida personal, familiar y laboral a personas desconocidas y menos por vía telefónica.
Adquiera servicio de identificador de llamadas, nunca brinde información a personal por teléfono que pueda ser utilizada en su contra.
Al momento de recibir estas llamadas de carácter extorsivo conserve la calma, escuche cuidadosamente lo que le dice el extorsionista, no se comprometa con nada.
Una vez termine la llamada comuníquese inmediatamente con el GAULA de la Policía Nacional a la Línea gratuita 165 al 123 o 314-3588947
Fiscalia pide que llamada que provenga de un centro carcelario esté precedida de una notificación
8 de noviembre de 2017, La Fiscalía ha tenido conocimiento que se estaría maquinando un atentado contra la integridad física del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, debido a la persecución que está adelantando en contra de las estructuras delincuenciales de la capital antioqueña, específicamente con relación a lo que históricamente se ha conocido como ‘La Oficina de Envigado’.
Según evidencias en poder de la Fiscalía existiría un pacto entre cabecillas de la organización delincuencial ‘La Terraza’, cuyos cabecillas son alias Pichi, Barny y Saya, y la Odín ‘Robledo’, con el fin de atentar contra el señor alcalde de Medellín.
Este tema fue tratado por Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, desde la cárcel Picaleña de la ciudad de Ibagué (Tolima), debido a las manifestaciones públicas que hizo el mandatario, contra su posible libertad, lo que condujo a que la Fiscalía solicitara una nueva orden de captura en su contra, la cual frustró su salida de la cárcel, después de que el Tribunal Superior de Medellín lo había absuelto por el delito de homicidio.
Como se sabe, en esta decisión judicial se revocó la condena existente contra alias Carlos Pesebre sobre la base del in dubio pro reo, al considerar que un solo testimonio sobre un homicidio no era prueba suficiente para que obre la presunción de inocencia.
La Fiscalía tiene pruebas ya legalizadas ante un juez de garantías, en las que el propio Carlos Pesebre afirma haber pagado una suma de dinero para obtener su libertad, por lo cual se ha dispuesto compulsar copias ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Por si fuera poco la Fiscalía ha evidenciado que los registros del Sijuf (sistema de información de la entidad), relacionados con antecedentes de investigaciones del señor Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, fueron recientemente intervenidos.
CONCLUSIONES
Se puede establecer que entre las Odín ‘Los Chatas’ y Odín ‘Robledo’ así como la organización delincuencial ‘La Terraza’, se vienen gestando alianzas delictivas para el control del crimen en la ciudad que pretenden afectar la seguridad ciudadana en la ciudad de Medellín, con el fin de obtener el control de las diferentes rentas de economías criminales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Es más, las acciones planeadas por las Odines tendrían previsto la ejecución de actividades ilegales como homicidios selectivos, extorsiones, hurtos y demás delitos que impactan la seguridad ciudadana en su zona de influencia, con el propósito de afectar la imagen y la gobernabilidad del señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga (alcalde de la ciudad de Medellín).
Las autoridades, en particular la Policía Nacional y la Fiscalía, notificamos a estas bandas que seguiremos monitoreando a las organizaciones del crimen para prevenir actos contra los gobernantes y la ciudadanía en su conjunto.Es así como el día de hoy hemos capturado a Juan Camilo Álvarez Chavarriaga, alias Camilo el Grande, presunto cabecilla de la Odín ‘Robledo’ y sucesor de alias Carlos Pesebre. Asimismo impediremos que con ocasión del proceso electoral que se avecina se pongan en marcha en la ciudad pactos de gobernabilidad, a partir de cualquier forma de constreñimiento al elector.
Por último, como está evidenciado que los criminales siguen delinquiendo desde las cárceles, la Fiscalía exhorta al Congreso para que se expida las mismas técnicas que impiden las comunicaciones de voz y texto desde los sitios de reclusión.
Mientras ello ocurre y para evitar la extorsión carcelaria y otras modalidades delincuenciales, desde la Fiscalía hemos convocado a los operadores de telefonía celular para que mediante un mecanismo de autorregulación, toda llamada que provenga de un centro carcelario esté precedida de una notificación en el sentido de que el receptor conozca que la comunicación viene de una penitenciaría y decida si acepta o no la misma.
A pocos días del inicio de la Ley de Garantías, Colombia Compra Eficiente explica detalles de su aplicación.
Bogotá 08 de noviembre de 2017. Colombia Compra Eficiente -CCE-, Agencia Nacional de Contratación Pública en su carácter de ente rector del sistema de compras y contratación, explica con la siguiente infografía la aplicación de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que iniciará a partir del próximo 11 de noviembre del 2017 para convenios y contratos interadministrativos y el 27 de enero de 2018 para contratación directa.
“Es importante recordar que la Ley de Garantías está pensada para evitar que los recursos públicos se usen para favorecer aspiraciones electorales, por eso su entrada en vigencia inicia cuatro meses antes de las elecciones del Congreso de la República que se realizarán el domingo 11 de marzo de 2018 y va hasta que el Presidente sea elegido, es clave que las entidades públicas tengan en cuenta las fechas y restricciones para que los recursos del Estado se ejecuten de manera eficaz” señaló Juan David Duque, director de CCE.
Asimismo, la Agencia analizó los datos en contratación antes y durante la aplicación de la pasada Ley de Garantías y encontró que, en el primer semestre de 2014, con la entrada en vigencia de esta Ley, la contratación directa fue de $21 billones para un total de 238.339 contratos. Encontrando aumentos en el volumen de las contrataciones una vez terminada la vigencia de la Ley.
Consulta más de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías en la Circular No. 24.
Noviembre 7 de 2017, Aguachica. En las ultimas horas fueron capturadas dos personas en el municipio de Aguachica, en el Sur del departamento del Cesar.
El procedimiento de captura fue realizado por orden judicial emanada por por el juzgado 46 penal municipal con función de control de garantías del señor Carlos Ramiro Vargas Prieto mas conocido como «Papo«, quien labora en el instituto municipal transito de Aguachica en la oficina de matriculas y traspaso quien fue capturado por los presuntos delitos de falsedad radiológicas en documentos publico agravado,falsedad material en documento publico agravado, uso de documento falso, estafa agravada, fraude procesal y concierto para Delinquir
Ademas fue capturado el señor Nestor Hernando Torres Alvear quien presenta orden de Captura emanada por por el juzgado 46 penal municipal con función de control de garantías. La persona en mención tiene una oficina soluciones contables empresariales ubicada al frente del tránsito Municipal Aguachica. La captura se realiza por los presuntos delitos de falsedad ideológicas en documentos publico agravado, falsedad material en documento publico agravado, uso de documento falso, estafa agravada, fraude procesal y concierto para delinquir.
Al parecer la investigación que viene de años atrás tiene que ver con La mafia de los camiones como publico WRadio en el año 2013.
La mafia de los camiones
La W revela la existencia de una escandalosa red de corrupción para conseguir cupos para vehículos de carga. La Fiscalía alista imputaciones.
La www.wradio.com.co estableció que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalia General de la Nación ya tiene preparadas las pruebas que serán presentadas ante los jueces de la República por un cartel descubierto por el Gobierno Nacional encargado de falsificar documentación para simular robos de camiones en alguans regiones del pais y así abrir nuevos cupos para la insripción de vehículos de carga ante el Ministerio de Transporte.
El cartel para la creación de nuevos cupos para camiones y tractomulas nace ante la dificultad de insribir nuevos vehículos en el Ministerio que desde hace varios años mantiene congelada la cifra de cupos disponibles, buscando así controlar la sobreoferta.
En principio, para poder conseguir un nuevo cupo es necesario demostrar la salida de circulación de un vehículo de carga ya sea por robo, siniestro o chatarrización. Sin embargo, secretarios de tránsito, tramitadores y funcionarios del grupo de reposición integral de vehículos del Ministerio de Transporte habrían creado una red para tramitar a través del Ministerio la reposición de decenas de vehículos de carga gracias a documentos y certificados fraudulentos.
¿Cómo funciona el sistema?
El interesado en comprar una tractomula y conseguir un cupo para que esta pueda operar es contactado por el tramitador, muchas veces en el mismo lugar donde se hace la compra del vehículo de carga.
El tramitador ofrece el cupo de un vehículo fuera de circulación que habría sido hurtado, hecho que abre la posibilidad para que se haga la reposición del cupo.
El comprador paga entre 40 y 70 millones de pesos por el cupo al tramitador. El tramitador entrega una carpeta completa con certificados de la secretaría de tránsito en la que estaba matriculado el supuesto vehículo hurtado, la noticia criminal y el denuncio del hurto del vehículo, así como el pre-aprobado emitido por el ministerio.
Dentro del Ministerio se debería hacer una verificación de esta documentación, pero quienes trabajan con los tramitadores sencillamente procesan los documentos sin contrastar, autorizando así el ingreso de nuevas tractomulas al parque automotor sin que el cupo sea legítimo.
¿Dónde están las irregularidades?
La mayoría de los vehículos que supuestamente han sido hurtados aparecen matriculados en las secretarías de tránsito de:
Armero Guayabal (Tolima)
Aguachica (Cesar)
La Apartada (Córdoba)
Sahagún (Córdoba)
La Guajira
La Paz (Cesar)
Guacarí (Valle)
Zarzal (Valle)
Muchos de estos vehículos son camiones de la década de 1950 o 1960, hecho que obliga a preguntarse, ¿cuál es el interés de los ladrones en llevarse decenas de camiones viejos? ¿Existe una banda de los camiones viejos?
Las denuncias ante la Policía no se hacen en el lugar donde ocurrió el robo, sino en otras ciudades.
Las noticias criminales que aparecen en el expediente, asociadas al hurto del vehículo no corresponden a los hechos. Encontramos casos de hurtos de celulares, de dinero, tráfico de estupefacientes, hurto de caballos, de apartamentos, trata de personas, daño en bien ajeno. Sin embargo, el documento es recibido y procesado como si se tratara de la denuncia del robo de un camion.
En las grabaciones que tenemos en nuestro poder se escucha a los tramitadores hablando de la gente que “engrasan” al interior del ministerio para que no revisen los papeles.
La red de los cupos fraudulentos estaría compuesta por al menos 7 trabajadores del Ministerio de Transporte, quienes de la mano de un grupo de tramitadores que se han repartido el país por regiones, aceleran los procesos de entrega de cupos a los nuevos camiones.
Algunas informaciones apuntan a que líderes de los gremios del transporte de carga también estarían implicados en la red y conocerían perfectamente el movimiento que se hace con estos cupos fraudulentos.
¿Qué saben las autoridades?
Al interior del Ministerio de Transporte ya habrían comenzado la verificación de las carpetas denunciadas por La W y están revisando con lupa el trabajo de los trabajadores que estarían implicados en el trámite y gestión de estos cupos para vehículos de carga.
Igualmente, se conoció que desde esta cartera ya se ha denunciado ante la Fiscalía varios casos de entrega irregular de cupos. De hecho, el pasado mes de julio la Dijin realizó la captura de un funcionario de la entidad investigado por corrupción en la realización de trámites.
Llama la atención que los últimos tres ministros de transporte han tenido conocimiento de la situación, pero las actuaciones al respecto no se han dado sino hasta ahora. De hecho, La W pudo establecer que en los sucesivos paros que ha realizado el gremio de los tranportadores este es un tema que se ha manejado con pinzas por exigencias de los mismos transportadores de carga.
La Fiscalía General de la Nación ya tiene adelantadas y perfeccionadas las investigaciones sobre este cartel de cupos y se espera que en dos meses se haga la respectiva imputación de cargos a los investigados por este proceso.
Autor: Juan Pablo Calvás
Ademas tendría relación con una denuncia dirigida a cuatro personas por supuesta corrupción en el interior de la Secretaría de Tránsito Municipal de Valledupar, la cual desencadenó una investigación de la Fiscalía General de la Nación que tiene para la fecha a ochos personas procesadas por el presunto detrimento patrimonial de $2.300 millones, a través de los ya conocidos carteles de la Chatarrización destapados en diferentes ciudades del país.
La captura fue realizada por funcionarios especializados del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Pero todo esto es materia de investigación y serán las autoridades competentes la encargadas en esclarecer la los hechos.
CONTINÚA LUCHA FRONTAL CONTRA EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES
CAPTURADAS NUEVE PERSONAS, TRES DE ELLAS SOLICITADAS EN EXTRADICIÓN POR EE.UU.
LAS OPERACIONES SIMULTÁNEAS TAMBIÉN PERMITIERON LA INCAUTACIÓN DE 2.9 TONELADAS DE COCAÍNA
Bogotá. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Agencia Federal de Investigación (FBI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE/HSI), la Agencia Antidrogas (DEA) y la Guardia Costera de Estados Unidos, adelantó operaciones contra el tráfico de estupefacientes que dejaron como resultado la captura de nueve personas, tres de ellas solicitadas en extradición, y la incautación de 2.996 kilos de cocaína.
En un primer operativo adelantado en coordinación con la Dirección de la Fiscalía 39 DECN, fue desarticulada una organización criminal transnacional dedicada al envió de estupefacientes desde Colombia hacia Estados Unidos. De acuerdo con la investigación la red realizó envíos de cocaína en embarcaciones como veleros turísticos y lanchas rápidas desde puntos ubicados en la costa Atlántica hacia Norteamérica, varios de estos cargamentos fueron incautados por Guardacostas de los Estados Unidos.
La red estaba conformada por tres hombres, solicitados en extradición por la justicia estadounidense, conocidos como “alegría”, “Matusalén” y “Juancho”, quienes fueron capturados en Bogotá, Itagüí (Antioquia) y Santa Marta (Magdalena).
Estas personas deberán responder por delitos federales de narcóticos ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida por los cargos de concierto para distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y concierto para poseer con la intención de distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína, mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.
Por otra parte, gracias a los acuerdos de cooperación establecidos en la lucha contra el narcotráfico, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, informó a las oficinas de la agencia ICE/HSI y de la Guardia Costera de Estados Unidos, sobre la navegación de un semisumergible que se desplazaba desde el sur de Colombia hacia Estados Unidos, en el cual narcotraficantes transportaban una cantidad desconocida de estupefacientes.
Con los datos aportados por la Policía colombiana, las autoridades extranjeras desplegaron un operativo sobre el océano Pacífico con el fin de incautar el alcaloide; el navío fue ubicado a 300 millas náuticas de Costa Rica cuando navegaba cargado con 2.200 kilogramos de cocaína, tres personas quienes tripulaban el aparato fueron capturadas.
Según la investigación, el estupefaciente pertenecía a una organización narcotraficante denominada “Los del Pacífico Sur” que delinque en la zona rural de Tumaco y Llorente departamento de Nariño. El cargamento se encuentra avaluado en US$22.000.000, los detenidos deberán responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
En otro punto de este Costa Rica fueron incautados 525 kilos de clorhidrato de cocaína, en este procedimiento fueron capturados dos ciudadanos costarricenses y un hondureño.
De igual manera, en el sector de Púa Arrollo de Piedra en Cartagena, fueron incautados 271 kilos de cocaína, el alijo se encontraba oculto una caleta artesanal bajo tierra, según la información obtenida el estupefaciente iba a ser transportado hacia Centroamérica con destino final los Estados Unidos.
Capturadas nueve personas, tres de ellas solicitadas en extradición por EE
EN OPERATIVOS SIMULTÁNEOS EN LAS CIUDADES DE BOGOTA Y BOSCONIA SE CAPTURAN DE SUS TRES INTEGRANTES.
LOS CAPTURADOS DEBERÁN RESPONDER POR LOS DELITOS DE HURTO AGRAVADO Y CALIFICADO
Valledupar, Cesar. En el marco de la lucha frontal contra el hurto en todas sus modalidades el Departamento de Policía Cesar, por intermedio de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol ubicados en Bosconia, mediante Orden judicial, logran la captura de tres personas, quienes presuntamente se encuentran vinculados en procesos por el delito de hurto agravado y calificado.
Es así como funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal Bosconia, en el desarrollo de labores investigativas y de policía judicial logran la ubicación y captura de JAIME JUNIOR FONSECA DÍAZ de 22 años, en el barrio Enrique Aarón, conocido como “JUNIOR” y IVÁN RENÉ RONCALLO VILLAR de 23 años, en el barrio Dieciocho de Febrero, conocido como “LA RANA RENE”, las detenciones se realizaron en el municipio de Bosconia Cesar, en cumplimiento a órdenes de captura emanadas por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey Cesar con Funciones de Control de Garantías, por el delito de Hurto Agravado y Calificado.
De igual forma funcionarios de SIJIN se desplazaron a la ciudad de Bogotá hasta la calle 63 G con carrera 28 barrio siete de Agosto en vía pública, donde fue notificado y posteriormente materializada la captura del señor JAIME ALBERTO ARIZA BERMUDEZ conocido como “MAQUILLAJE”, a quien se le dio a conocer el contenido de la orden de captura la orden de captura por el delito de Hurto Calificado Agravado, expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Copey Cesar con Funciones de Control de Garantías.
El Comando del Departamento de Policía Cesar, incrementa esfuerzos para que este flagelo cada vez sea menor, es así como en el presente año se ha logrado capturar en el Departamento del Cesar a 999 personas por este delito 38 más que el año anterior, de las cuales 605 se han llevado a cabo en el Municipio de Valledupar con 44 más que en el 2016, por lo cual Invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente a las líneas de emergencia 123, 156 y 165, 3107391237 como ciudadano podemos aportar a la seguridad, recuerde que denunciar “Paga”.
JAIME JUNIOR FONSECA DÍAZ “JUNIOR” y IVÁN RENÉ RONCALLO VILLARJAIME ALBERTO ARIZA BERMUDEZ
