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El pasado domingo en alocución televisada, el presidente Iván Duque, anunció que objetaría parcialmente seis de los 159 artículos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral de los acuerdos firmados con la antes guerrilla FARC.
Según esto, el Congreso de la República hará una revisión y debatirá si las objeciones presentadas por el jefe de Estado tienen justificación o no. Luego de ser discutidas y enmendadas, se enviarán nuevamente a la Corte Constitucional.
El mandatario aseguró que lo que busca es ampliar las garantías de reparación a la víctimas, no permitir la renuncia de la persecución penal en grandes crímenes y precisar los alcances de la extradición.
Estos fueron los artículos objetados, y las razones formuladas por Duque:
Según el mandatario, el artículo 7 no establece con claridad la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. “Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas”, argumentó.
En el inciso octavo del artículo 63, alega que no determina el alcance de la competencia asignada al Alto Comisionado de Paz, para verificar las listas de quiénes son reconocidos como miembros de grupos armados ilegales y que se sometan a un proceso de paz.
También fue objetado el inciso tercero del literal J del artículo 79, porque según el presidente, este no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar. «Esto genera una situación que va en contra de los intereses de las víctimas y desperdicia valiosos recursos investigativos de autoridades con experiencia y capacidad», declaró.
El parágrafo 2 del artículo 19, habla de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, en relación con quienes no son máximos responsables. Duque dijo que esa renuncia es inconveniente, porque constituiría impunidad.
Iván Duque también objeto el artículo 150, que se refiere a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo de Paz. A su juicio, es inadecuado porque no precisa lo establecido en la Ley de Procedimiento de la JEP, cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas.
Por último, en el artículo 153 según Duque, se condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad, sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. El mandatario afirma que esto produce un incentivo perverso para el ingreso de terceros a la JEP, bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. «Esa ambigüedad puede ser utilizada para eludir responsabilidades ante la justicia de otros Estados», indicó.
El presidente Duque anunció que una vez se retomen las sesiones ordinarias en el Congreso, presentará una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017 que según él, mejorará la Jurisdicción Especial para la Paz
