“El país no puede permitir que so pretexto del Acuerdo se desarraigue su historia, se debiliten sus instituciones y se arriesgue el futuro de la democracia acogiendo los ideales de un grupo que cometió? crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los colombianos”.
La precandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez, alertó este jueves sobre los riesgos que corren los medios de comunicación de ser censurados y expropiados, si se aprueba la Ley Estatutaria de Garantías para La Participación de la Ciudadanía, de Organizaciones y Movimientos Sociales y para la Movilización y la Protesta Social.
En cartas enviadas al Presidente de la República y los directores de los medios de comunicación del país, Ramirez explica que en el numeral 2.2.1 del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc, se acordó que se constituirá una Comisión de Diálogo con voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos, quienes organizarían un espacio para que surgiera un “proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y de otras actividades que puedan realizar las organizaciones y movimientos sociales”.
Continúa diciendo en sus misivas, que sin publicidad y a espaldas de la sociedad y de los medios de comunicación se creó el borrador de esta ley que “implementa una clara y burda expropiación del espectro electromagnético a sus concesionarios; de las de licencias, frecuencias y equipamento de emisoras otorgadas a la fuerza pública y obligará a tener un miembro de las organizaciones sociales en entidades de carácter técnico”.
Igualmente señala que en ese mismo texto se establece un régimen de censura en la que los miembros de las Farc resultarán intocables e irrefutables, concediéndoles una inmunidad social, a parte de la irresponsabilidad jurídica y política que les provee el Acuerdo.
Reitera su preocupación al decir que “para ejercer la libertad de prensa y de expresión por hechos de corrupción, de irresponsabilidad política o de apología a la violencia, al odio o a ir en contra del establecimiento constitucional y estatal o por simple ejercicio político, habrá que preguntarles su opinión antes de emitir la noticia y las investigaciones periodísticas tendrán que contar con el aval de los movimientos sociales, so pena de una sanción y del uso del derecho de réplica que involucra actos de carácter público”.
La candidata le pide al presidente Santos que suspenda en el Congreso el trámite de la ley estatutaria que “tan curiosas coincidencias tiene con el estado comunal venezolano y se invite a los medios de comunicación y a los respectivos encargados de las Fuerzas Militares, así como a los representantes de las empresas del sector de comunicaciones y a los de las empresas petroleras y de industrias extractivas a discutir y acordar el texto de ley estatutaria presentada por el Gobierno con el apoyo del CINEP y otros”.
