GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ<\/strong><\/p>\n Magistrado Ponente<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n AP8263-2016<\/strong><\/p>\n Radicaci\u00f3n N\u00b0 48791.<\/strong><\/p>\n Aprobado acta No. 387.<\/p>\n <\/p>\n Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/p>\n <\/p>\n VISTOS<\/strong><\/p>\n Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por la defensora de los acusados MAVEL ROC\u00cdO MELO BALC\u00c1ZAR y WILLIAM QUINTERO MARI\u00d1O, en contra de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 8 de abril de 2016, mediante la cual confirm\u00f3 el fallo emitido por el Juzgado 37 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de \u00e9sta ciudad, el 23 de enero de 2014, condenando a los mencionados procesados -y a Limbania Esther Royer Cifuentes-, como coautores responsables del delito de hurto calificado agravado<\/em>.<\/p>\n <\/p>\n HECHOS<\/strong><\/p>\n <\/p>\n En el prove\u00eddo impugnado se redactan de la siguiente manera:<\/p>\n <\/p>\n \u201cLos hechos se circunscriben a que el se\u00f1or Jairo D\u00e1vila Su\u00e1rez, Coordinador de Tesorer\u00eda de TELMEX HOGAR S.A., indic\u00f3 que el d\u00eda 22 de septiembre de 2008, aproximadamente a las 9 a.m., al tratar de ingresar al portal virtual empresarial de Bancolombia, se percat\u00f3 que el mismo hab\u00eda sido bloqueado por el banco.<\/em><\/p>\n \u00a0<\/em><\/p>\n Por tal motivo, se comunic\u00f3 con la gerente de cuenta de Bancolombia, quien le comunic\u00f3 que se hab\u00eda hecho un bloqueo preventivo de las cuentas N\u00b0 40-158206-98 y 40-158206-98 (sic) de TELMEX HOGAR S.A., por cuanto se hab\u00edan detectado varias transacciones sospechosas, de las cuales le remiti\u00f3 un informe detallado.<\/em><\/p>\n \u00a0<\/em><\/p>\n Del referido informe, se estableci\u00f3 que se efectuaron varias transacciones no ordenadas ni autorizadas por TELMEX HOGAR S.A. por $820\u2019000.000.oo, valor del cual Bancolombia rechaz\u00f3 $230\u2019000.000.oo, debido a que presentaban inconsistencias entre el n\u00famero de identificaci\u00f3n y la cuenta, de forma que el valor neto desembolsado fue por $593\u2019828.150.oo, transferencias que se realizaron el viernes 19 de septiembre de 2008, entre las 16:18 y 18:38 horas.<\/em><\/p>\n \u00a0<\/em><\/p>\n El dinero fue transferido a 23 cuentas de Bancolombia, entre las cuales se identificaron los N\u00b0 45015185498, 45010816541 y 51623315715, cuyos titulares son Limbania Esther Royer Cifuentes, Mavel Roc\u00edo Melo Balc\u00e1zar y William Quintero Mari\u00f1o respectivamente, quienes retiraron el dinero de forma casi inmediata\u201d<\/em>.<\/p>\n ACTUACI\u00d3N PROCESAL RELEVANTE<\/strong><\/p>\n En audiencia preliminar llevada a cabo el 22 de febrero de 2011 ante el Juzgado 22 Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Bogot\u00e1, se orden\u00f3 la captura de varias personas, entre ellas, WILLIAM QUINTERO MARI\u00d1O, MELVA ROC\u00cdO MELO BALC\u00c1ZAR y Limbania Esther Royer Cifuentes.<\/p>\n Aprehendidos los tres investigados, en diligencias concentradas celebradas el 14 de abril siguiente en los Juzgados 56 de garant\u00edas de esta ciudad y 5\u00b0 de Santa Marta (Magdalena), se legaliz\u00f3 su captura, se les formul\u00f3 imputaci\u00f3n por la conducta punible de hurto calificado agravado<\/em> -en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 239, 240-4, 241-10 y 267-1 del C\u00f3digo Penal-, y se les aplic\u00f3 medida se aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en el lugar de residencia.<\/p>\n Como los procesados no se allanaron al cargo endilgado, el representante del ente instructor present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n el 2 de mayo de esa anualidad, ratific\u00e1ndolo.<\/p>\n La etapa de la causa fue asumida por el Juzgado 37 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogot\u00e1, despacho que luego de celebrar las audiencias de acusaci\u00f3n \u00a0\u2013el 7 y 21 de junio ulteriores-, preparatoria \u2013el 12 de septiembre de ese a\u00f1o y el 23 de enero de 2012-, y juicio oral \u2013en sesiones del 7 de marzo, 3 de mayo y 24 de julio de ese a\u00f1o y 30 de abril y 31 de octubre de 2013-, dict\u00f3 sentencia el 23 de enero de 2014, declarando la responsabilidad penal de QUINTERO MARI\u00d1O, MELO BALC\u00c1ZAR y Royer Cifuentes en la hip\u00f3tesis delictual contendida en el pliego acusatorio.<\/p>\n Consecuente con su decisi\u00f3n, el A quo<\/em> les impuso la pena principal de 144 meses de prisi\u00f3n y la sanci\u00f3n accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por igual lapso. De igual modo, les neg\u00f3 los beneficios sustitutivos de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y prisi\u00f3n domiciliaria, motivo por el cual dispuso su confinamiento en establecimientos de reclusi\u00f3n.<\/p>\n Apelado el fallo por los defensores de los incriminados, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 lo confirm\u00f3 \u00edntegramente a trav\u00e9s de providencia del 8 de abril de 2016, en contra de la cual los mismos sujetos procesales interpusieron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.<\/p>\n La defensa t\u00e9cnica de QUINTERO MARI\u00d1O y MELO BALC\u00c1ZAR present\u00f3 oportunamente la demanda respectiva, en tanto, en lo concerniente a Royer Cifuentes el recurso fue declarado desierto, toda vez que su acudiente judicial alleg\u00f3 extempor\u00e1neamente el libelo casacional.<\/p>\n RESUMEN DE LA IMPUGNACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n Aduciendo repetidamente a lo largo de su escrito que esta casaci\u00f3n es excepcional[1]<\/strong><\/a><\/em>, as\u00ed como que la finalidad de la misma es que se restablezca la garant\u00eda de presunci\u00f3n de inocencia de los acusados, conculcada por los fallos de las instancias, la defensora de WILLIAM QUINTERO MARI\u00d1O y MELVA ROC\u00cdO MELO BALC\u00c1ZAR divide su escrito en dos extensos cap\u00edtulos, reconociendo incluso que en ambos se consignan los mismos argumentos.<\/p>\n En el primero hace un amplio an\u00e1lisis acerca de la importancia de las garant\u00edas fundamentales de presunci\u00f3n de inocencia e in dubio pro reo<\/em>, b\u00e1sicamente apoyada en doctrina y jurisprudencia.<\/p>\n Luego, la demandante resume la prueba y la analiza desde su propia perspectiva, como pre\u00e1mbulo para abordar las sentencias de los juzgadores, adoptando una particular metodolog\u00eda, ya que apelando al t\u00edpico alegato de oposici\u00f3n, trae a colaci\u00f3n frases de ambas providencias, fragmenta a su ama\u00f1o la prueba testimonial y va consignando sus conclusiones personales.<\/p>\n Por \u00faltimo, habla de la parte civil, desconoce la jurisprudencia de la Sala sobre el juez natural, se torna ir\u00f3nica con el Tribunal -se\u00f1alando que con tantos errores y contradicciones en que incurri\u00f3, se nota que no entendi\u00f3<\/em> los hechos-, vuelve a aludir acerca de la prerrogativa invocada y la duda, y sostiene que la finalidad de la casaci\u00f3n es precisamente el restablecimiento de la misma.<\/p>\n En la segunda parte del libelo, la memorialista postula un cargo \u00fanico<\/strong>, alegando la violaci\u00f3n directa por la aplicaci\u00f3n indebida de la ley sustancial[2]<\/a>, habida cuenta que los falladores desconocieron en sus sentencias los derechos a la presunci\u00f3n de inocencia e in dubio pro reo<\/em>.<\/p>\n As\u00ed, advirtiendo que de acuerdo a la causal invocada se limitar\u00eda a lo probado, en \u00faltimas termina por reconocer que dirige su ataque a las consecuencias de la valoraci\u00f3n jur\u00eddico-probatoria, lo cual queda de manifiesto en los p\u00e1rrafos siguientes, en los que admite que son una transcripci\u00f3n del primer apartado, esto es, lucubra sobre la presunci\u00f3n de inocencia, consigna su particular an\u00e1lisis de la prueba y va fraccionando frases contenidas en las providencias, para imponer para imponer su propio criterio.<\/p>\n Para terminar, la impugnante critica la tasaci\u00f3n punitiva, dice aportar unas pruebas para que sean tenidas en cuenta por la Corporaci\u00f3n, y solicita que se invalide la sentencia atacada, se reconozca el principio del in dubio pro reo<\/em>, se absuelva a sus representados y, en caso tal que la demanda sea rechazada, se aplique el principio de caridad.<\/p>\n CONSIDERACIONES DE LA CORTE<\/strong><\/p>\n Siendo evidente que la recurrente desconoce los requisitos de fundamentaci\u00f3n exigidos para la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n, desde ya anuncia la Sala que inadmitir\u00e1 la misma.<\/p>\n Pero, previamente a examinar la censura que presenta en contra del fallo demandado, debe reiterar la Corte c\u00f3mo, con el advenimiento de la Ley 906 de 2004, se ha buscado resaltar la naturaleza de la casaci\u00f3n en cuanto medio de control constitucional y legal habilitado ya de manera general contra todas las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales, cuando quiera que se adviertan violaciones que afectan garant\u00edas de las partes, en seguimiento de lo consagrado por el art\u00edculo 180 de la Ley 906 de 2004, as\u00ed redactado:<\/p>\n \u201cFinalidad<\/strong>. El recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes, la reparaci\u00f3n de los agravios inferidos a estos, y la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia\u201d.<\/em><\/p>\n Precisamente, en aras de materializar el cumplimiento de tan espec\u00edficos intereses, la Ley 906 de 2004 dot\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia de una serie de facultades realmente especiales, como lo hizo con aquella consagrada en el art\u00edculo 184, a saber, la potestad de \u201csuperar los defectos de la demanda para decidir de fondo\u201d<\/em> en las condiciones indicadas en \u00e9l, esto es, atendiendo a los fines de la casaci\u00f3n, fundamentaci\u00f3n de los mismos, posici\u00f3n del censor dentro del proceso e \u00edndole de la controversia planteada; y la referida en el art\u00edculo 191, para emitir un \u201cfallo anticipado\u201d<\/em> en aquellos eventos en que la Sala mayoritaria lo estime necesario por razones de inter\u00e9s general, anticipando los turnos para convocar a la audiencia de sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n.<\/p>\n Es necesario, sin embargo, inadmitir la demanda si, como postula el inciso segundo de aqu\u00e9l precepto: \u201cel demandante carece de inter\u00e9s, prescinde de se\u00f1alar la causal, no desarrolla los cargos de sustentaci\u00f3n o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso\u201d<\/em> (entre otros, en CSJ AP, 13 de julio de 2007, Rad. 27.737, y CSJ AP, 23 de julio de 2007, Rad. 27.810).<\/p>\n Atendidos estos criterios, ha se\u00f1alado la Corte:<\/p>\n \u201cDe all\u00ed que bajo la \u00f3ptica del nuevo sistema procesal penal, el libelo impugnatorio tampoco puede ser un escrito de libre elaboraci\u00f3n, en cuanto mediante su postulaci\u00f3n el recurrente concita a la Corte a la revisi\u00f3n del fallo de segunda instancia para verificar si fue proferido o no conforme a la constituci\u00f3n y a la ley.<\/em><\/p>\n Por lo tanto, sin perjuicio de la facultad oficiosa de la Corte para prescindir de los defectos formales de una demanda cuando advierta la posible violaci\u00f3n de garant\u00edas de los sujetos procesales o de los intervinientes, de manera general, frente a las condiciones m\u00ednimas de admisibilidad, se pueden deducir las siguientes:<\/em>\u00a0<\/em><\/p>\n De otro lado, con referencia a las taxativas causales de casaci\u00f3n se\u00f1aladas en el art\u00edculo 181 del nuevo C\u00f3digo, se tiene dicho que:<\/em><\/p>\n En tal caso, debe tenerse en cuenta que las causales de nulidad son taxativas y que la denuncia bien sea de la vulneraci\u00f3n del debido proceso o de las garant\u00edas, exige clara y precisas pautas demostrativas.<\/em><\/p>\n Del mismo modo, bajo la orientaci\u00f3n de tal causal puede postularse el desconocimiento del principio de congruencia entre acusaci\u00f3n y sentencia.<\/em><\/p>\n La invocaci\u00f3n de cualquiera de estos errores exige que el cargo seljh desarrolle conforme a las directrices que de anta\u00f1o ha desarrollado la Sala, en especial, aquella que hace relaci\u00f3n con la trascendencia del error, es decir, que el mismo fue determinante del fallo censurado\u201d.<\/em><\/p>\n Establecidas las premisas b\u00e1sicas de evaluaci\u00f3n, abordar\u00e1 la Sala el estudio de la demanda de casaci\u00f3n.<\/p>\n De acuerdo con los referentes normativos y jurisprudenciales que vienen de rese\u00f1arse, advierte la Corporaci\u00f3n varias falencias en el escrito objeto de estudio, las cuales dan al traste con la pretensi\u00f3n casacional de la libelista.<\/p>\n Para empezar, parece estar confundida acerca de la legislaci\u00f3n aplicable a este asunto -desde luego la Ley 906 de 2004-, ya que en m\u00faltiples apartados se refiere a figuras propias de la Ley 600 de 2000.<\/p>\n O, por lo menos, no tiene claras las diferencias entre una y otra normatividad, en tanto, desconoce que el instituto de la \u201ccasaci\u00f3n excepcional\u201d <\/em>no opera en el actual C\u00f3digo de Procedimiento Penal, pues, como ya se anot\u00f3, la casaci\u00f3n procede para todo tipo de sentencias, a diferencia de la codificaci\u00f3n anterior, que s\u00ed presentaba algunas restricciones, como las referentes a la autoridad judicial que emit\u00eda el fallo y al monto punitivo, casos en los cuales hab\u00eda que acudir , ah\u00ed s\u00ed, a la \u201ccasaci\u00f3n excepcional\u201d<\/em> o discrecional.<\/p>\n Tambi\u00e9n sale a flote esa confusi\u00f3n de la actora cuando se refiere a la actuaci\u00f3n de la \u201cparte civil\u201d,<\/em> igualmente figura propia de la Ley 600 de 2000, la cual hoy d\u00eda se refiere a la representaci\u00f3n de las v\u00edctimas.<\/p>\n Lo anotado, sin contar con que desconoce tambi\u00e9n las normas sobre tasaci\u00f3n punitiva, as\u00ed como la jurisprudencia de la Corte acerca del juez natural.<\/p>\n Sumado a ello, incurri\u00f3 en el desafuero de aportar elementos materiales probatorios para el estudio de la Corte, ignorando que en esta sede no es posible practicar ni revisar pruebas posteriores, y que si acaso tiene alg\u00fan novedoso medio de convicci\u00f3n que favorece a sus poderdantes, el espacio propicio para hacerlo valer es a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n.<\/p>\n Por lo anterior, no puede ser m\u00e1s insensato e irrespetuoso que en un escrito como el suyo, farragoso e innecesariamente extenso, se atreva a despotricar de manera tan grosera acerca de lo decidido en las instancias.<\/p>\n Adem\u00e1s, los abundantes yerros argumentativos en que incurre, permiten determinar que la mandataria judicial de los incriminados desconoce que a esta sede llega la sentencia prevalida de una doble condici\u00f3n de acierto y legalidad, que para desarticularla, tal como se expresa en su reproche, es necesario que compruebe la existencia de un yerro sustancial con virtualidad de socavar la decisi\u00f3n ya adoptada, y que fundamente el cargo de manera tal que a simple vista sea perceptible el motivo por el cual resulta inexorable la casaci\u00f3n deprecada, lo que no sucede en este evento, pues, examinada la censura, \u00e9sta tambi\u00e9n adolece de crasos yerros en su postulaci\u00f3n, al punto de impedir conocer de la Corte cu\u00e1l en concreto es la violaci\u00f3n trascendente que se reputa en las providencias de las instancias. En efecto,<\/p>\n Cargo \u00fanico: violaci\u00f3n directa.<\/strong><\/p>\n La defensora acusa a la sentencia del Tribunal de haber violado directamente la ley sustancial, en especial los art\u00edculos 29 de la Carta y 7\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2004, asegurando que omiti\u00f3 reconocer y aplicar el principio del in dubio pro reo,<\/em> pues, la prueba recaudada arrojaba dudas en cuanto a la responsabilidad de los enjuiciados.<\/p>\n La demandante, en la sustentaci\u00f3n del cargo, transcribe fracciones de los fallos, consigna su propio an\u00e1lisis probatorio y lucubra gen\u00e9ricamente sobre el principio invocado, con el objeto de imponer su criterio, a trav\u00e9s del t\u00edpico alegato de instancia.<\/p>\n En su argumentaci\u00f3n, la memorialista, aunque dice atenerse a las reglas de fundamentaci\u00f3n de la violaci\u00f3n directa y partir por aceptar lo probado, es lo cierto que falta a su palabra, ya que la gran mayor\u00eda de su libelo, por no decir que todo \u00e9l, se refiere a los supuestos yerros probatorios en que incurrieron los juzgadores, pero sin concretar nunca el tipo de error, como tampoco realiz\u00f3 el riguroso estudio jur\u00eddico propio de la causal por \u00e9lla seleccionada.<\/p>\n Al efecto, es menester reiterar que la Corte ha significado que si al impugnante le ha interesado el tema del in dubio pro reo,<\/em> debe distinguir dos aspectos diversos[3]<\/a>:<\/p>\n (i)<\/em> Si afirma que el juez ha errado porque la sentencia reconoce la existencia de duda razonable originada en el haz probatorio, pero dej\u00f3 de aplicar el precepto sustantivo que reconoce ese hecho, debe invocar violaci\u00f3n directa; y<\/p>\n (ii)<\/em> Si encuentra que el juez ignora la existencia razonable y manifiesta de la duda por errores en la valoraci\u00f3n de las pruebas, debe acudir a la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, especificando la naturaleza del yerro cometido, esto es, si de hecho o derecho.<\/p>\n En el evento del rubro, la recurrente no concreta yerro alguno de los anteriormente indicados, dado que, se dedica a exponer sus propias conclusiones probatorias, acorde con las cuales, se presenta una duda en cuanto a la responsabilidad de sus representados.<\/p>\n As\u00ed las cosas, para que sea de recibo la violaci\u00f3n directa invocada, debi\u00f3 demostrar que el Tribunal reconoci\u00f3 la duda en su argumentaci\u00f3n, pero no la aplic\u00f3, lo cual se tornaba en un imposible, si en cuenta se tiene que esa instancia, por el contrario, fue clara y enf\u00e1tica al sostener que ninguna duda se present\u00f3, motivo por el cual aval\u00f3 la postura del juez A quo<\/em> y procedi\u00f3 a confirmar la sentencia de primer grado.<\/p>\n Y si lo pretendido demostrar por la censora es que el Ad quem<\/em> incurri\u00f3 en deficiencias en la producci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas, lo cual, vale aclarar, no le estaba vedado, debi\u00f3 acudir entonces a la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial.<\/p>\n La Corte ha se\u00f1alado que desconocer las reglas de producci\u00f3n alude a los errores de derecho que se manifiestan por los falsos juicios de legalidad \u2013pr\u00e1ctica o incorporaci\u00f3n de las pruebas sin observancia de los requisitos contemplados en la ley-, o, excepcionalmente por falso juicio de convicci\u00f3n, mientras que el desconocimiento de las reglas de apreciaci\u00f3n hace referencia a los errores de hecho que surgen a trav\u00e9s del falso juicio de identidad \u2013distorsi\u00f3n o alteraci\u00f3n de la expresi\u00f3n f\u00e1ctica del elemento probatorio-, del falso juicio de existencia \u2013declarar un hecho probado con base en una prueba inexistente u omitir la apreciaci\u00f3n de una allegada de manera v\u00e1lida al proceso- y del falso raciocinio \u2013fijaci\u00f3n de premisas il\u00f3gicas o irrazonables por desconocimiento de las pautas de la sana cr\u00edtica-[4]<\/a>.<\/p>\n Una declaraci\u00f3n en cualquiera de esos sentidos brilla por su ausencia, lo cual deja en evidencia las deficiencias argumentativas en que incurre la libelista, quien en \u00faltimas pretende oponer su personal criterio sobre el m\u00e1s autorizado del juzgador, incurriendo en el desatino de considerar el recurso extraordinario como otra instancia, en abierto desconocimiento de que con la casaci\u00f3n se busca primordialmente el estudio de la legalidad de la sentencia y no la prolongaci\u00f3n de un debate probatorio fenecido mediante el proferimiento de una sentencia amparada con la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad, \u00fanicamente destronable por la presencia de errores predicables del fallador, de tal magnitud que s\u00f3lo con su casaci\u00f3n pudiera restaurarse la legalidad de lo decidido.<\/p>\n Acorde con lo anterior, el cargo ser\u00e1 inadmitido.<\/p>\n 3.1.<\/strong> Como consecuencia de lo antes expuesto, la Sala rechazar\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n presentada por la defensora de WILLIAM QUINTERO MARI\u00d1O y MELVA ROC\u00cdO MELO BALC\u00c1ZAR, no sin antes advertir que revisada la actuaci\u00f3n en lo pertinente, no se observ\u00f3 la presencia de ninguna de las hip\u00f3tesis que permitir\u00edan a la Corte superar los defectos de la demanda para decidir de fondo, de conformidad con el art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004.<\/p>\n 3.2.<\/strong> A la impugnante se le har\u00e1 saber que contra este prove\u00eddo procede el mecanismo de insistencia, en los t\u00e9rminos ampliamente decantados por la jurisprudencia de la Sala.<\/p>\n En m\u00e9rito de lo expuesto, La Corte Suprema De Justicia<\/strong>, Sala de Casaci\u00f3n Penal<\/strong>,<\/p>\n DECISI\u00d3N<\/strong><\/p>\n C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n GUSTAVO ENRIQUE MALO FERN\u00c1NDEZ<\/strong><\/p>\n JOS\u00c9 FRANCISCO ACU\u00d1A VIZCAYA<\/strong><\/p>\n JOS\u00c9 LUIS BARCEL\u00d3 CAMACHO<\/strong><\/p>\n FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO<\/strong><\/p>\n EUGENIO FERN\u00c1NDEZ CARLIER<\/strong><\/p>\n LUIS ANTONIO HERN\u00c1NDEZ BARBOSA<\/strong><\/p>\n EYDER PATI\u00d1O CABRERA<\/strong><\/p>\n PATRICIA SALAZAR CU\u00c9LLAR<\/strong><\/p>\n LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO<\/strong><\/p>\n Nubia Yolanda Nova Garc\u00eda<\/strong><\/p>\n Secretaria<\/p>\n [1]<\/a> Lo dice en las p\u00e1ginas 1, 2, 4, 44, 48 y 69 de la demanda.<\/p>\n [2]<\/a> Al efecto, la mandataria judicial de los procesados cita los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 7 y 232 de la Ley 600 de 2000, y 6, 35, 43, 52, 239, 240-4, 241-10 y 267 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n [3]<\/a> Entre muchos otros, el auto del 6 de mayo de 2013, Radicado 40791.<\/p>\n\n
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![\"Limbania](\"https:\/\/joanpa.com\/news\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Limbania-Esther-Royer-Cifuentes.jpg\")