La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, ha emitido una alerta sobre el presunto reclutamiento e instrumentalización de habitantes de la zona rural de Ayacucho, en el municipio de La Gloria. Su preocupación surge por la intención de utilizar a estos civiles para llevar a cabo atentados contra la infraestructura de transporte de hidrocarburos, a través de una estrategia ilegal conocida como ‘prima navideña’. Esta oferta busca involucrar a la población en actos de sabotaje, específicamente en la voladura del poliducto que cruza esta área del departamento.
Este llamado de atención fue realizado durante una rueda de prensa convocada para revisar las acciones de la mesa militar y policial Urano, instaurada el primero de septiembre. Este grupo se ha enfocado en combatir el robo de hidrocarburos, un delito que la gobernadora vincula con una reciente ola de violencia en la región, ocurrida en el último mes.
Sanjuan reveló que, entre enero y agosto, el promedio de combustible robado llegó a 6.000 barriles. Sin embargo, tras la implementación de la estrategia Urano, esa cifra se redujo a 3.800 barriles en septiembre y octubre, y continuó descendiendo hasta cerca de 1.800 barriles en noviembre. Este descenso, según la mandataria, es resultado de la colaboración efectiva entre el Ejército y la Policía Nacional, lo que permitió realizar 62 detenciones y recuperar un total de 180.000 galones de combustible hurtado.
A pesar de esta notable disminución en los robos, Sanjuan expresó su preocupación por las amenazas a la infraestructura petrolera, sobre todo por el posible uso de la población civil en explosiones dirigidas contra el poliducto. “Es como ofrecer un empleo ilegal, ya que se basa en un acto delictivo”, explicó, refiriéndose a la oferta denominada ‘prima navideña’.
Para abordar estos desafíos, la gobernadora anunció que el Gobierno departamental intensificará la colaboración con las fuerzas de seguridad para prevenir nuevos atentados contra la infraestructura petrolera, un problema que ya se había presentado en años anteriores.
Además, Sanjuan relacionó el aumento en la lucha contra el hurto de combustible con un incremento en la violencia asociada al grupo armado ELN. Como ejemplo, mencionó el reciente ataque a una subestación de la Policía en San Roque, en Curumaní, un suceso que se repitió en agosto. Este ataque ha afectado la capacidad de prestación del servicio policial en la zona, ya que la infraestructura actual no es adecuada para albergar a los efectivos. Por ello, los policías han tenido que trabajar en condiciones variables y bajo el sistema de relevos.
La situación, según Sanjuan, ya ha sido comunicada al Gobierno nacional. Esto se hace en el marco de una directriz presidencial que impide la eliminación de puestos policiales en el país. Ante la falta de infraestructura y condiciones seguras, la gobernadora solicitó la intervención del Gobierno nacional para encontrar una solución que garantice la presencia policial en esta región del Cesar.
Mientras tanto, la Gobernación continuará coordinando esfuerzos con las autoridades militares y policiales para hacer frente al robo de hidrocarburos y evitar nuevos ataques contra la infraestructura petrolera del departamento.





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