La revocatoria de la libertad condicional para Emilio José Tapia Aldana, empresario ampliamente conocido en Colombia por su papel en múltiples escándalos de corrupción, marca un nuevo capítulo judicial en el país.
De acuerdo con información entregada el 10 de octubre de 2025 por el Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá, se ha emitido una orden de captura en su contra, luego de que la justicia determinara que debía regresar a prisión tras beneficiarse durante varios meses de una medida de excarcelación.
El documento que emitió el Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D. C. determina las siguientes resoluciones en contra de Tapia.
“REVOCAR la decisión proferida el 11 de abril de 2025 por el Juzgado Primero (01) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla/Atlántico, que resolvió conceder la libertad condicional a EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA”.
Así mismo, que de inmediato se efectúe una orden de detención: “ORDENAR LA CAPTURA INMEDIATA de EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado prenombrado continúe con el tratamiento penitenciario a que viene siendo sometido, en el establecimiento penitenciario que disponga para tal fin el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- Inpec”.
Con respecto a este punto, el juzgado explicó que el procesado será dejado a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla.
Finalmente, se determinó que: “Por mandato legal, contra esta decisión no procede recurso alguno por tratarse de una providencia de segunda instancia”.
Tapia es requerido por los delitos de cohecho propio e interés ilícito en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particular y concierto para delinquir.
De acuerdo con Noticias Caracol, este hombre ya ha sido condenado por el caso del carrusel de la contratación y por los contratos con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, en el que se garantizaba la conexión a internet en diferentes regiones del país.
Días atrás, Vicky Dávila, aspirante a la presidencia de la República, se refirió a las acciones del Emilio, conocido como “El zar de la contratación” y el entramado de corrupción del que ha hecho parte.
“Emilio Tapia. Yo creo que es, es un caso que conocemos todos en Colombia. Se roba Bogotá, luego ¿se regenera? No, va a planear el siguiente robo y quizás ¿cuántos robos más no le han encontrado a Emilio Tapia? Y viene y se roba la plata del internet de los niños. Pero vaya y mire sus redes sociales. Don Emilio, Dios lo bendiga, qué linda familia tiene usted. Es una porquería. Y eso es sanción social”, comento la mujer en una entrevista con Caracol Radio.
Al conocer la noticia de la revocatoria de libertad condicional, Dávila, no dudo en expresar su sentir por medio de las redes sociales, y afirmar, que si llega a la Casa de Nariño, una de sus banderas será la lucha contra la corrupción, eliminando todas las concesiones que desde el sistema se tienen a consideración para quienes son juzgados.
“Como presidente de Colombia enfrentaré a los corruptos, que paguen sus penas completas, que no tengan rebajas y que les quitemos todo el dinero, al igual que los narcos. Y que vayan a cárceles normales. Los corruptos no puede seguir burlándose de los colombianos y la justicia”.
Casos por los que fue condenado Tapia
El destino de 70.000 millones de pesos en recursos públicos quedó bajo la lupa luego de que se revelara la participación de Emilio Tapia, contratista señalado como el principal responsable del esquema de corrupción conocido como Centros Poblados. El caso, que estalló en 2021, impactó directamente en el Ministerio de las TIC y provocó la suspensión de un ambicioso plan destinado a llevar conectividad a comunidades rurales del país.
De acuerdo con la investigación, Tapia fue quien presentó garantías bancarias falsas mediante la Unión Temporal Centros Poblados. Este procedimiento permitió que llegara a sus manos un millonario anticipo, cuyo objetivo era financiar la expansión de la infraestructura tecnológica en áreas de difícil acceso. Sin embargo, los fondos terminaron extraviados, impidiendo la ejecución de los trabajos previstos para mejorar la conectividad en esas regiones.
El escándalo trascendió rápidamente debido al impacto social y financiero, ya que el fracaso del proyecto significó que numerosas comunidades rurales quedaron sin acceso a herramientas digitales imprescindibles para la educación y los servicios públicos básicos. El fraude también generó cuestionamientos sobre los procesos de contratación y los mecanismos de verificación empleados dentro del ministerio responsable.
Aunque inicialmente los contratos buscaban llevar internet y tecnología a zonas alejadas, la detección del fraude forzó la interrupción total del programa, incrementando el descontento entre líderes comunitarios y autoridades locales. Con Infobae
