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La familia del asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio acusó al Estado del delito de “asesinato por omisión dolosa” dos días antes de la apertura de las urnas el domingo.
La Fiscalía ecuatoriana confirmó a CNN que recibieron una denuncia de la familia el viernes.
La denuncia nombra al presidente Guillermo Lasso y al ministro del Interior, Juan Zapata, acusando esencialmente al gobierno de no protegerlo.
“Tuvieron que velar por la vida de Fernando Villavicencio, sabiendo que era un periodista que había [received] muchas amenazas”, dijo el abogado de la familia, Marco Yaulema.
La familia argumentó que Villavicencio había manifestado públicamente en el pasado que había recibido amenazas de diversos grupos criminales que, según él, controlaban el Estado ecuatoriano.
Villavicencio fue asesinado a tiros cuando salía de un mitin de campaña en una escuela al norte de la capital, Quito, el 9 de agosto, apenas 10 días antes de que se llevara a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
El asesinato de Villavicencio, un franco candidato anticorrupción y ex periodista de investigación, ha sacudido al país antes de las cruciales elecciones presidenciales y legislativas de este domingo. También ha llamado la atención internacional sobre las poderosas organizaciones criminales que impulsan la violencia que ha azotado a Ecuador.
En conferencia de prensa el viernes, el ministro del Interior de Ecuador, Zapata, dijo que se habían abierto dos investigaciones internas contra la policía y que los resultados del informe podrían estar listos la próxima semana.
Sobre la denuncia, Zapata dijo que respetaron la decisión de la familia y que están en su derecho: “Si creen que es necesario, sólo podemos responder a través de la base legal que tenemos”.
El presidente Lasso dijo en un comunicado el viernes que era “inaceptable” que las acciones de las autoridades ecuatorianas contra Villavicencio fueran consideradas “premeditadas”.
El gobierno de Lasso agregó que rechaza las denuncias y pidió que “no se politice el caso y se permita a la justicia avanzar con las investigaciones y llegar a una verdad procesal”.
