Gobierno evitó llevar el acuerdo al Congreso, que luego decidió su caída en la C. Constitucional.
El ‘pecado’ constitucional que terminó hundiendo el tratado militar con Estados Unidos -no haberlo llevado al Congreso- estaba plenamente identificado desde la etapa de negociación.
Los últimos cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks y revelados por el diario El País de España, este fin de semana, indican que el Gobierno colombiano buscaba minimizar las polémicas tanto internas como externas sobre un tema que, de cualquier manera, consideraba clave para la seguridad nacional. La Corte Constitucional declaró inexequible el acuerdo porque incluía compromisos militares no contemplados en pactos previos. Por eso, debía ser ratificado por el Legislativo.
Los reportes enviados por el embajador William Brownfield en el 2009 revelan que «altos funcionarios colombianos insistieron en evitar que el acuerdo» fuera al Congreso y para eso recomendaron que no se hablara como tal de «bases» de EE.UU. y que en todo momento se hiciera referencia a acuerdos anteriores y a pactos multilaterales.
El embajador informó a Washington que el tema generaba tensiones entre la Cancillería, «más preocupada por no crear antagonismos entre Colombia y sus vecinos y por temas de soberanía», y el Ministerio de Defensa, que «generalmente favorece más una relación para robustecer lo militar con Estados Unidos».
En el mismo cable, se dice que en Mindefensa «había fisuras»: «Unos quieren que el acuerdo expresamente diga que EE.UU. «garantiza» la defensa (colombiana), y otros, que haya más un acuerdo técnico». Esta última posición fue la que se impuso.
Los reportes de la Embajada dejan en evidencia que el Gobierno consideraba seriamente la posibilidad de un ataque. Más que por el despliegue de tropas venezolanas, había preocupación por un eventual incidente que llevara a un punto de no retorno.
El embajador reportó en noviembre del año pasado una reunión en la que la asesora de seguridad Paola Holguín manifestó su inquietud porque la fuerza venezolana era «pobremente preparada e indisciplinada y puede abrir fuego sin ninguna provocación». Ella comparó la situación de Chávez con la que llevó a los dictadores argentinos a invadir las Malvinas, y a la guerra con Reino Unido, en los 80.
Brownfield dice que la asesora aseguró que «prueba de la rudeza del régimen venezolano» en su intención de «provocar una guerra con Colombia» fue el asesinato de nueve comerciantes colombianos en la frontera en el 2009.
En noviembre, el canciller Jaime Bermúdez le dijo que Bogotá estaba «preocupada por la posición de EE.UU. frente a la disputa con Venezuela». «Neutralidad no es lo que el Gobierno colombiano espera», fue el mensaje.
Brownfield informó que si bien podía abrirse el debate sobre si «los funcionarios tienen una razón legítima para estar preocupados o es simple paranoia», ese sentimiento se había extendido a todo el país.
Washington evalúa caso contra Assange
El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, reveló que la Casa Blanca evalúa «ahora mismo» las vías para procesar a Julían Assange, el fundador de WikiLeaks.
Medios estadounidenses informaron que las autoridades podrían alegar que Assange indujo a Bradley Manning, el soldado acusado de ser la fuente de WikiLeaks y que se encuentra encarcelado, a robar documentos secretos, lo que podría representar un ataque a la seguridad nacional.
Assange está en el Reino Unido. Suecia lo pide en extradición.