ALONSO OJEDA AWAD
Guardo un profundo dolor por las familias campesinas que por sus graves condiciones socioeconómicas deben vivir en zonas de cultivos ilícitos, donde reciben las “generosas toneladas” de fumigaciones con glifosato que a diario envenenan el aire, la tierra, las aguas, que en un inútil esfuerzo de control, hacen las avionetas de la Policía Nacional y la DEA. Pareciera que Monsanto, la poderosa transnacional productora de todos los venenos con que nos fumigan a diario, estuviera designada por el Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcotráfico de los EE.UU. para invadir y envenenar las selvas y campos colombianos con esta terrible peste conocida como Glifosato.
El estudio del activista anti transgénico Gilles-Eric Seralini demostró: Necrosis celular en el cordón umbilical de los embriones humanos de las células placentarias expuestas a la aspersión del glifosato. En este sentido tiene efectos teratógenos para los bebes al nacer. El 20 de marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró que el glifosato produce un tipo de linfoma (cáncer) en seres humanos, además hay pruebas de que también lo provoca en animales de laboratorio.
Por esta razón, es una decisión de salud pública, la tomada por el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, quien recomendó la suspensión del uso del glifosato en la lucha contra los cultivos ilícitos. Esta recomendación está basada en un estudio de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC, en inglés) que clasificó el glifosato como “cancerígeno”. Al proceder así, el Señor Ministro tiene sobrada razón, pues buscó proteger la salud de todo el pueblo colombiano, dado que el alcance de los efectos nocivos del pesticida llega a todos, a través del agua contaminada por el maléfico químico, al ser arrastrado por las lluvias y llevarlo inexorablemente a los ríos.
De otro lado, el Ministro dio cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional, quien ordenó a los Ministerios de Salud y Medio Ambiente hacer seguimiento a los graves efectos en la salud humana expuesta en zonas rurales donde el glifosato se usa masivamente en fumigaciones contra cultivos ilícitos. No se puede olvidar que es obligación Constitucional garantizar la protección de un Derecho Fundamental como es la Salud y que en amplias zonas campesinas, con presencia de cultivos de coca se fumiga sin tener en cuenta este vital ordenamiento Constitucional, de paso se atropella el principio de Precaución consagrado en las normas del Derecho interno e Internacional como aspecto jurídico, político, ético y ecológico para prevenir daños irreparables sobre la salud de los humanos y el medio ambiente.
En medio de esta discusión considero mi deber médico recordar el caso doloroso de la Talidomida, que fue desarrollada por la compañía farmacéutica alemana Grunenthal, sobre la cual, al principio se afirmó que no causaba ningún efecto secundario y en caso de ingestión masiva no resultaba letal. Pero no fue así. Esta sustancia provocó miles de nacimientos de bebes afectados de “focomelia”, anomalía congénita, teratógenica que se caracteriza por la carencia de extremidades o por excesiva cortedad de las mismas. Después de muchas denuncias e investigaciones, los gobiernos decidieron retirarla del mercado entre los años 1960 a 1.963. El proceso de las denuncias por daños irreversibles en los bebes no se hizo esperar y por muchos años los servicios de salud de muchos países del mundo tuvieron que reconocer y pagar cuantiosas indemnizaciones a las desesperadas y angustiadas familias que vivieron en carne propia los errores del laboratorio irresponsable.
Por eso, está muy bien que el Ministro de Salud haya recomendado en forma tajante la suspensión de glifosato en fumigaciones a cultivos ilícitos. Son muchas las quejas y denuncias que en este orden se escuchan, procedentes de zonas de colonización. Es hora de hacer justicia con estos conglomerados campesinos, quienes se sienten seriamente amenazados por las avionetas que fumigan a diario estas zonas, sobre todo porque el glifosato llega en forma descontrolada a sus parcelas, donde ellos mantienen sus cultivos de pan coger y en muchos casos los de cacao que han sembrado con créditos del Banco Agrario para salir de la ilegalidad, como lo denunció el Personero de San José del Fragua: “Los campesinos ya no aguantan más las toneladas de glifosato que les cae de las avionetas fumigadoras”.
Se necesita tener un corazón de piedra como lo tienen algunos altos funcionarios del Estado para decir que si se suspenden las fumigaciones con glifosato, nadaremos en mares de coca. Me parece irresponsable esta afirmación con la especie humana, que se prefiera atentar contra ella, cuando puede haber muchas otras formas de luchar contra el narcotráfico, entre otras, con acciones que desestimulen su consumo, golpearlo por la baja demanda. A este prototipo de funcionarios que hablan ex cátedra, que han olvidado la obligación Constitucional del Estado de garantizar la salud como un derecho fundamental, se les advierte que lo que está en juego es la salud de los colombianos y ya hay demasiada preocupación en el mundo médico por los elevados índices de cáncer que se están presentando en la sociedad colombiana. Sería muy importante que la Universidad Nacional de Colombia que ha destinado grupos de investigadores y tienen claro los efectos nocivos de glifosato, informen a la sociedad colombiana la magnitud catastrófica del problema que tenemos con esta sustancia. No podemos seguir permitiendo esta agresión sistemática contra la población colombiana y el medio ambiente.
En medio de la confusión que pretenden crear los defensores del glifosato hay que levantar con fuerza desde las universidades, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, asociaciones campesinas, maestros, etc. La clara postura del Fiscal General de la nación que dijo: “Mantener fumigaciones (con glifosato) sería condenar a muerte a miles de colombianos”.
EX.EMBAJADOR DE COLOMBIA EN EUROPA.
VICE.PRESIDENTE DEL COMITE PERMANENTE DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
9 de Mayo 2015
