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Desastre carbonero: ¿quién responde?

El desarrollo de la industria carbonera en los departamentos del Cesar y Magdalena está dejando una estela negra en materia ambiental y social. En un recorrido realizado por PODER, se refleja la magnitud del desastre. La posible compra de la Drummond por parte de Xstrata pone sobre la mesa el debate sobre quién responde por estos pasivos ambientales. Informe especial.

Por María Elena Vélez

Foto.Ramiro Ospino

En la vereda Manizales Bajo, perteneciente al municipio de la Jagua de Ibirico, en el departamento de Cesar, casi todos los niños “moquean” debido a que las afecciones respiratorias se han vuelto el pan de cada día. Pero esto no solo ocurre con los niños, sus padres también acuden a la brigada de Salud por este motivo. Y es que la cercanía con las minas de La Loma y El Descanso (con una extensión de treinta kilómetros de ancho por tres de largo), la mina a cielo abierto más grande del mundo, los está enfermando de bronconeumonía, primera causa de morbilidad del municipio.
Este es apenas uno de los impactos que presenta la industria del carbón en la Costa Atlántica, que a lo largo de su circuito, desde que se extrae de la mina, pasando por el transporte y hasta su embarque en el puerto, se constituye en una de las industrias más contaminantes debido al mal manejo en la cadena de aprovechamiento. Y la industria minera es una de las cinco locomotoras del crecimiento económico prevista por el Gobierno.
Las ventas al exterior de carbón representan el 25% del total de las exportaciones tradicionales del país. El departamento del Cesar cuenta con 87.000 hectáreas en explotación y tiene 183.300 hectáreas con títulos mineros, además de solicitudes por 378.500 hectáreas. La producción de carbón en el último año en el departamento fue de 30.970.470 toneladas, fruto de la extracción de las empresas mineras allí asentadas, como Carbones del Caribe, Glencore, Carbones del Cesar, Norcarbón, Coal Corp, Vale Do Rio, Drummond y otras más pequeñas.
Los recientes titulares de prensa dan cuenta de la intención de la firma suiza Xstrata de adquirir los negocios de la estadounidense Drummond en Colombia, por un valor aproximado a los US$8.000 millones. Esta posibilidad ha puesto en alerta a la sociedad en general sobre las responsabilidades ambientales generadas por la multinacional minera a lo largo de sus quince años de presencia en el país. Este sería el negocio privado más importante realizado en la nación y superaría incluso la venta de Bavaria por la sudafricana SABMiller.
Colombia es el primer productor de carbón en América Latina y el cuarto exportador a nivel global. El mineral colombiano es muy apetecido en el mundo, debido a su alto poder calorífico y bajo contenido de azufre; además de los bajos costos que se invierten en su extracción. El país entró en la era de la minería del carbón a gran escala hace 30 años, época en la cual se inició la explotación de los yacimientos ubicados en El Cerrejón en La Guajira.
De manera más reciente y atraídos por los altos precios del mineral a nivel internacional, muchas empresas llegaron al departamento del Cesar donde se encuentran grandes reservas de carbón, particularmente en los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso y Chiriguaná. El actual Gobierno ha puesto las expectativas de crecimiento económico a corto plazo en la “locomotora” minera, una apuesta riesgosa que amenaza directamente los ecosistemas, la salud y la estabilidad social de la región, si no se realiza bajo un esquema de buenas prácticas.
En esta carrera de atraer inversión extranjera, para un país que no está preparado institucional ni jurídicamente para enfrentar la avalancha de empresas que han llegado y que nos convertirían en un país minero, el Gobierno inició una estrategia de promoción (ver recuadro) a fin de garantizarles a los foráneos grandes beneficios a través de exenciones tributarias, contratos de estabilidad jurídica y un régimen especial de inversiones, donde las regalías que pagan por la explotación minera no compensan ni de cerca los terribles efectos ambientales, económicos y sociales de esta minería a cielo abierto, que entre otras cosas está en el campo de lo legal.

Los pasos de la Drummond
El señor Garry Drummond es un viejo socio de Colombia desde hace mucho tiempo. La suya no es una multinacional minera de gran tamaño como las otras que poseen negocios en el país. Sus principales operaciones están en Colombia y él, que es nacido en Alabama y ronda los 80 años, procura tener un bajo perfil. Pero los manejos que acompañan su negocio necesariamente lo han puesto en la palestra pública, debido a que la empresa ha sido acusada de financiar grupos paramilitares y del pago incompleto por concepto de regalías, según una investigación de la Procuraduría General de la Nación.
Durante el 2010, la firma facturó en el país cerca de US$2.000 millones, producto de las ventas al exterior. Debido a la alta demanda internacional, el valor de la tonelada de carbón ha registrado un crecimiento del 54% en un año, mientras a principios de enero se cotizaba en US$88,3, a finales del mismo año ya superaba los US$134.
Desde que llegó la minería al Cesar, el departamento ha venido cambiando paulatinamente su vocación agrícola por la minera, pero con una limitante adicional: las instituciones departamentales poco o nada tienen que ver con el control y seguimiento de los procesos relacionados con la extracción. Por tratarse de gran minería, el control se realiza a nivel nacional desde el Ministerio de Medio Ambiente. “El marco institucional del licenciamiento y el control está mal manejado. Estas empresas ignoran a los gobiernos territoriales”, asevera Cristian Moreno, gobernador del Cesar.

El Cesar, un desierto
Algunas de las empresas asentadas en el Cesar han llevado a cabo acciones irreversibles en materia de daño ecológico. En este proceso se han cambiado de curso los ríos Calenturitas, que recoge a los ríos Maracas, Tocuy, Sororia y Caño del Medio, dentro del proceso que realiza Glencore, además de la afectación de varios caños. La Drummond, por su parte, ha intervenido los ríos San Antonio y Caimancito y los caños Paraluz y Garrapato.
Ante un evento de este tipo, la licencia ambiental impone unas medidas de compensación tanto en hectáreas sembradas de cierta clase de árboles como proyectos piscícolas, de desarrollo social, etc. Estas empresas deberían haber reforestado a la fecha 40.000 hectáreas como medida de compensación, pero solo han avanzado en no más de 2.000 hectáreas. Los proyectos piscícolas y los de desarrollo social no se han iniciado, afirman los técnicos de la gobernación del Cesar, Alfredo Coronado y Alberto Gutiérrez.
Los ríos mencionados desembocan en el complejo cenagoso de Zapatosa, área de amortiguación del río Magdalena, que tiene una extensión de 80.000 hectáreas y es cuna de todos los peces que circulan por el afluente. En cuanto a las aguas subterráneas, el nivel freático será profundizado en 140 metros, con un antecedente muy grave, en el Cesar la mayor parte de los acueductos municipales y rurales se surte de las aguas subterráneas (ver gráfica).
La explotación de carbón también genera un gran impacto en el paisaje. El Cesar, que tiene una topografía plana, hoy está circundado por inmensas montañas de tierra estéril, que no han sido compactadas y crean nubes de polvo, las cuales a su vez con los aguaceros producen escorrentías de material contaminado por metales pesados, que caen a los ríos y ponen en riesgo la salud humana, además de acabar con la pesca.
En el proceso extractivo, por cada tonelada de carbón se deben remover 14 metros cúbicos de tierra, algo así como 10 toneladas. En la Jagua, el ambiente es como de neblina a cualquier hora del día; el polvillo que está en el ambiente no permite ver con claridad el paisaje. Esta situación se agrava con el constante pasar de tractomulas (1.600 diarias), que se encargan de levantar la tierra de la carretera y de enrarecer aún más el panorama.
Es tal el avance del cráter carbonífero de La Loma que siendo la mina más pequeña ha crecido el 50% de su área en cuatro años. Hoy llega a sobrepasar el tamaño de una ciudad de 500.000 habitantes como Bucaramanga. La zona contaminada corresponde a 180.000 hectáreas y se prevé que en el 2015 supere el área del departamento, cuando la producción alcance los 80 millones de toneladas. A diciembre de 2009, se habían extraído 313 millones de toneladas de carbón, pero las expectativas en reservas abarcan los 2.035 millones de toneladas.
De acuerdo con las perspectivas relacionadas con el cambio climático recogidas por el Ideam en la segunda Comunicación Nacional ante las Naciones Unidas, el departamento de Cesar figura como uno de los que reducirían ostensiblemente su precipitación en el periodo del 2011 al 2040 y aumentaría la temperatura en cuatro grados centígrados, lo que amenaza totalmente su estructura ecológica principal. La explotación carbonífera es un agravante mayor para esta situación.

Por Poder360.com

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