Por concierto para delinquir
El Juzgado Penal Especializado de Descongestión Adjunto de Valledupar, condenó a Edinson Eduardo Valle Martínez, ex subgerente administrativo y financiero del hospital ‘Rosario Pumarejo de López’, a purgar una pena de ocho años y tres meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, por apoyar la conformación de grupos al margen la ley.
Como pena accesoria, deberá pagar una multa de dos mil 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura.
La investigación de la Fiscalía
Cuando Edinson Valle Martínez trabajaba en el hospital ‘Rosario Pumarejo de López’, presuntamente era hombre de confianza de John Jairo Fuentes, alias ‘Jimmy’, ex integrante del frente ‘Mártires del Cesar’.
Según las indagaciones del ente acusador, ex paramilitares como Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias ‘101’; Edilberto Manuel Bolaños Vanegas y Omar David Celedón Calderón, alias ‘Cocoliso’, señalaron que el hoy condenado se encargaba de direccionar los servicios médicos del hospital para beneficiar a las AUC, permitiéndoles gratuitamente el servicio. Además, según los ‘ex paras’, les transportaba material de intendencia a la zona rural de la capital del Cesar, donde ellos estaban asentados.
Otro proceso de la Procuraduría
La semana pasada, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra tres ex funcionarios del hospital ‘Rosario Pumarejo de López’ por presuntas irregularidades al prestar colaboración a la AUC en el departamento del Cesar. Ellos son Ángel Eléison Maya Daza, ex gerente de ese centro asistencial; Érika Patricia Duque Vega, ex asesora Jurídica; y Edison Eduardo Valle Martínez, ex subgerente Administrativo y Financiero de la misma entidad hospitalaria.
La falta en cuestión pudo consistir en el apoyo que cada uno de los involucrados brindó a esa organización, de acuerdo con lo manifestado por los mismos comandantes y miembros de las AUC en sus declaraciones, prestando su concurso para la creación de una fachada de contratación, a través de la cual se legalizaron pagos a empresas fachadas de las estructuras armadas ilegales que actuaban en el departamento del Cesar.
