La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en manos del ex presidente Álvaro Uribe la determinación de permitir que su proceso en la Cámara de Representantes por las “chuzadas telefónicas” se haga público.
La decisión surge de la nulidad de la acción de tutela que le concedió a la ex senadora Piedad Córdoba el Tribunal Superior de Bogotá en la que le fueron protegidos los derechos a la publicidad y al debido proceso.
En este caso, el abogado Luis Guillermo Pérez, defensor de la ex senadora, señaló que los colombianos deben saber quién o quiénes dieron las órdenes de interceptar a los magistrados, políticos o periodistas.