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Plan Nacional de Desarrollo tendrá capítulo sobre Participación Ciudadana

El Plan Nacional de Desarrollo tendrá un capítulo sobre Participación Ciudadana, anunció aquí Rodolfo Díaz Díaz, funcionario de la Dirección para la Democracia y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior y Justicia, quien orientó en ésta capital conjuntamente con la Contraloría Departamental y la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República,  un taller  de capacitación y promoción de las veedurías ciudadanas para el control social. 

 

Ante un auditorio de unos cuarenta veedores y directivos comunales congregados en el salón ‘Luís Rodríguez Valera’ de la Gobernación del Cesar, el funcionario  expuso el contenido de la Ley 850 de 2003 y otras normas constitucionales en las que se fundamenta el control social que ejercen las veedurías ciudadanas. 

 Díaz Díaz expresó su esperanza en que la iniciativa del actual gobierno nacional redunde en unas mejores condiciones e instrumentos para hacer más  viable y efectivo el ejercicio de la veeduría ciudadana. 

A manera de balance en los siete años de vigencia de la citada Ley el funcionario reconoció que el avance ha sido muy poco  y compartió las quejas de los veedores y directivos comunales en el sentido de que falta más apoyo para que el sistema funcione como debe ser. “Por un lado la ciudadanía no se ha apropiado de la herramienta que la faculta para ejercer la veeduría en todos los procesos de las entidades del Estado, desde las instancias administrativas, pero también a las autoridades políticas, judiciales, electorales, legislativas y los mismos órganos de control, y en general, a las entidades públicas y privadas que administren recursos del Estado”.

Por su parte los asistentes se quejaron de la falta de apoyo para el ejercicio de la veeduría, porque no cuentan con las simples ayudas logísticas para su labor como el transporte, las fotocopias de documentos que requieren, además de las trabas y poca colaboración de las entidades y sus funcionarios, aparte de los malos tratos y hasta amenazas que reciben por cuidar el erario y buscar el beneficio de la comunidad.

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