Justo cuando la Procuraduría General de la Nación anuncia una oportuna y justificada investigación contra los directores de las Corporaciones Autónomas, comienzan a conocerse hechos verdaderamente alarmantes en el manejo de la prevención de inundaciones en las zonas más vulnerables del país.
Ayer se reveló que un contratista, Eduardo Gabriel Hernández Peña, emparentado con la senadora Piedad Zuccardi, recibió entre 2006 y 2008 contratos por valor de 28 mil millones de pesos para prevenir las inundaciones en localidades ribereñas del Magdalena.
Fueron siete contratos en total, suscritos para construir obras de infraestructura ribereña en La Dorada, Caldas; Puerto Salgar, Cundinamarca; cuatro municipios de Antioquia, uno de Tolima y otro de Boyacá.
Las cuestionadas obras, en las cuales se invirtieron esos millonarios recursos de los colombianos poco hicieron a la hora de prevenir inundaciones, como quiera que todos esos puntos de la geografía nacional están sufriendo hoy los rigores del crudo invierno.
También el Caribe colombiano fue supuestamente beneficiado por las onerosas contrataciones.
Tanto Gamarra y La Gloria, en Cesar, como Río Viejo, Arenal y Regidor, en Bolívar, recibieron la inversión, y el número de damnificados allí pasa de 30.000, en su mayoría personas de escasos recursos.
Son hechos que constituyen ahora motivo de escándalo, pero de los que veníamos sabiendo o sospechando desde hacía mucho tiempo. Apenas en junio pasado nos enterábamos de que Cormagdalena había incrementado su presupuesto a $300 mil millones, y que de los 1.600 kilómetros planificados para el Plan General del Río se había ya cumplido un total de 600. Ahora no es difícil colegir –dados los padecimientos actuales– que para muy poco han servido esos dineros y que los colombianos hemos terminando presenciando cómo nuestras contribuciones fiscales terminan deshaciéndose como hielo en agua hirviente.
Como lo mencionábamos, ya a comienzos de semana la Procuraduría anunció que estaba revisando “la actuación de los funcionarios de las corporaciones autónomas y las previsiones que adoptaron para enfrentar las consecuencias climáticas generadas por el fenómeno de La Niña”.
Líderes tanto del Partido de la U, como del Polo Democrático y del Partido Liberal, para mencionar solo tres colectividades, han apoyado las investigaciones anunciadas, al tiempo que han cuestionado el esquema, creado por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que fundamenta la existencia de estos entes.
Su eficacia está ahora más cuestionada que nunca. Muchas de ellas se convirtieron incluso en botines de grupos paramilitares, o en el mejor de los casos de politiqueros que las usan para sostener su fronda burocrática y satisfacer los apetitos de sus amigos contratistas.
Ya en el Atlántico tuvimos el nefasto precedente de los manejos en nuestra CRA, con los resultados por todos conocidos de investigaciones penales que han culminado con los responsables tras las rejas o en líos disciplinarios.
Pero –la verdad sea dicha– nada sacamos con que un gerente, unos mandos medios, o unos contratistas vayan a parar a la cárcel si la demoníaca maquinaria de poder que gestó todo el escenario de corrupción no recibe el más mínimo cuestionamiento.
En el Atlántico es vox pópuli que dirigentes políticos urdieron la masiva contratación de siembra de árboles con la soterrada finalidad de financiarse su campaña, empleando para tal efecto a amanuenses de supuestas ONG.
Así las cosas, aplaudimos la determinación con que el procurador Alejandro Ordóñez, en cabeza de su viceprocuradora Martha Lucía Castañeda, haya abocado la investigación, pero ojalá esas pesquisas no se queden en la superficie y logremos conocer la estructura criminal que termina generando tanta desolación, miseria y hambre en Colombia.
Al mismo tiempo, resulta más que oportuno señalar que la figura de las corporaciones autónomas, e incluso de la misma Cormagdalena, están generando dudas demasiado grandes en el país, y por tanto respaldamos la iniciativa de pensar seriamente en una reforma constitucional y la creación de una figura que responda a cabalidad con la aspiración de millones de colombianos.
por. elheraldo.com.co
