http://joanpa.com/news/2010/11/reforma-de-salud-avanza-en-medio-de-las-criticas

Reforma de salud avanza en medio de las críticas

El proyecto de Ley quedó listo para su evaluación en las plenarias de la Cámara y el Senado.
El Gobierno dice que garantiza acceso, calidad y sostenibilidad financiera, pero asociaciones médicas y expertos no ven mejoras en calidad de la atención.

Tras 40 horas de discusiones en las comisiones séptimas de Senado y Cámara, quedó listo para examen de las plenarias el proyecto de reforma de la salud, con el que el Gobierno pretende superar problemas de calidad, equidad y oportunidad en la atención. Además, resolver el financiamiento del régimen subsidiado, el oneroso sistema de recobros por eventos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y fortalecer el control del sector.

Uno de los primeros logros es que los afiliados al régimen subsidiado serán atendidos en todo el país, independientemente de dónde haya sido la afiliación. Unos 22 millones de personas se beneficiarán de esta decisión.

Por otro lado, el Gobierno, aunque esto no resuelve totalmente el déficit de la red pública hospitalaria, le entrega millonarios recursos adicionales y mantiene en un 60 por ciento la proporción mínima de los contratos que hacen las EPS del régimen subsidiado con esta red.

Un aspecto polémico, en el que las EPS no pudieron atajar el que consideran un gol, es el que les baja del 15 al 10 por ciento el máximo de recursos que reciben para el rubro administrativo, incluidas utilidades. Esa reducción, que pretende “hacer más eficientes a las EPS”, condenaría a al menos una docena a la muerte súbita, según dicen las empresas.

También fue controvertido el visto bueno para que el 0,25 por ciento de los dineros que reciben las cajas de compensación como recurso parafiscal se destine a fortalecer las finanzas del régimen subsidiado. Las cajas advierten que esto reduce la financiación de sus programas sociales para afiliados y familias.

Pero el ministro de Protección Social, Mauricio Santa María, resumió la iniciativa desde el punto de vista del Gobierno diciendo: “mejora la calidad y el acceso a la salud y promueve la equidad con sostenibilidad”.

Piden que alcaldes coordinen las redes

Ayer se vio el pulso entre los que apoyan que la articulación y coordinación de las redes de prestadores de salud esté en cabeza de alcaldes y los que creen hay que dejar las cosas como están.
Ante la falta de acuerdo, se dejó en manos del Minprotección esa reglamentación. Los defensores de la autoridad territorial aseguran que con ello se garantiza que las EPS no fragmenten la atención. Creen que ponen barreras al servicio.

Los reparos que se le han hecho al proyecto como va hasta el momento

De médicos y expertos

Dicen que se restringe al contenido de un plan de beneficios y que esto libra al Estado de la responsabilidad de garantizarle a un enfermo lo que necesite para recuperarse, y pone en riesgo a los afectados por males catastróficos o de alto costo, como el cáncer y la diabetes.

Que sigue la intermediación

Sostienen que la administración de los recursos de la salud no solo ha dado pie a que terceros se lucren con ellos, sino también al derroche, en detrimento de la calidad en la atención que recibe la gente. Para la muestra, dicen, están los indicadores de salud pública a la baja. Se quejan de que la reforma ni siquiera contempla intervenir o reformular la intermediación.

No ven autonomía

Consideran que la autonomía es inherente al oficio del médico, que con criterio clínico define qué necesita su paciente. Piden que todo punto sobre su autonomía se saque del articulado.

‘Los hospitales seguirían mal’

A los problemas que genera el hecho de que distintos actores del sistema le deban a la red pública 3,5 billones de pesos, se suma que el proyecto establece una fórmula para definir equilibrio financiero, que solo les permite tener en cuenta los dineros recaudados y los costos, no lo que les deben. Esto los convierte en deficitarios y los dejaría al borde de la liquidación.

‘Relega lo científico’

Se quejan de que el proyecto de reforma crea comités administrativos para evaluar los casos de los pacientes. Insisten en que, en su lugar, se establezcan las juntas de médicos, para que sean estos quienes definan qué es lo que más les conviene a los enfermos.

‘Drogas, sin claridad’

El proyecto, sostienen los gremios, no es explícito en materia de medicamentos, para contener la pérdida de dineros por cuenta de los recobros.

Proponen cero intermediación y la adopción de medidas como las compras centralizadas de drogas de parte del Estado, así como las importaciones paralelas para ciertos grupos de fármacos.

¿Gastos en equilibrio o derecho a la salud?

La Comisión Primera del Senado aprobó ayer el acto legislativo de sostenibilidad fiscal, que eleva a la categoría de “derecho” que las cuentas del Estado mantengan un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Mientras para el Gobierno la reforma constitucional permitirá racionalizar la economía, para los críticos la iniciativa pone el saneamiento de las finanzas públicas por encima de derechos fundamentales.

En la práctica, dicen, reclamar el acceso a la salud, por ejemplo, a través de tutelas, podrá depender de la disponibilidad de recursos.
Según el ex magistrado José Gregorio Hernández, el proyecto va en contravía del Estado Social de Derecho. “Elimina la tutela para derechos sociales, como la seguridad social, y para derechos fundamentales, como el de la salud”. Hernández dijo que también la reforma de salud tiene la tendencia a acabar con ese derecho de los colombianos. “Les da toda la importancia a las cifras, por encima de los derechos”, anotó.

Pero Roy Barreras, del Partido de ‘la U’, uno de los votos afirmativos del proyecto, afirmó que “racionalizar no es limitar la tutela”. Y agregó: “la defendemos, pero sin desconocer que hay abusos que cuestan 2,5 billones al año”.

Luis Fernando Velasco, senador liberal, que votó en contra del proyecto, dijo que aunque no desconoce que la norma busca prudencia con ciertas decisiones económicas, el problema es el mecanismo para lograrlo.

“Si la sostenibilidad se eleva a principio constitucional, quedaría por encima de los derechos de los ciudadanos que ya están en la Constitución”, agrega el congresista.

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